Legal Tech como estrategia contra la falsificación

Forbes México.
Legal Tech como estrategia contra la falsificación

Por Jesús Sepúlveda*

La práctica legal está cambiando. El esquema tradicional de prestación de servicios legales para la protección de derechos, a través del cual los despachos o firmas ofrecen soluciones estandarizadas y poco personalizadas, es ya obsoleto.

Nuevas estructuras corporativas, así como una creciente complejidad en la forma en que las grandes empresas operan en un entorno de cumplimiento normativo, tanto interno como externo, exigen cambiar prácticas y esquemas tradicionales, para adaptarnos a nuevas realidades y necesidades.

Estas empresas necesitan de verdaderos aliados estratégicos que comprendan su operación, sus particularidades y sus necesidades; que puedan anticipar sus problemas y que generen una relación compleja que vaya más allá de lo transaccional y lo reactivo.

Veamos, por ejemplo, el tema de la falsificación, un delito que en México cuesta cada año 43,000 millones de pesos a la economía, según datos de la American Chamber of Commerce.

En México, la forma habitual en que se combate la falsificación es a través de procedimientos y medidas legales en aduanas, o a través de acciones administrativas y penales. Para el caso de importaciones, se debe hacer un registro de las marcas relevantes ante las Autoridades Aduaneras, para que éstas puedan detectar y detener mercancías falsificadas que son importadas al país.

Las estrategias tradicionales se sujetan exclusivamente a la actuación de las autoridades; se apegan a la ley y los medios que la misma pone a nuestro alcance, son estrategias por demás lógicas desde un punto de vista legal. Sin embargo, si hablamos de resultados, es evidente que estas estrategias, por sí mismas, son ineficientes e insuficientes; generan costos muy altos y procedimientos largos para el afectado; además, fallan en atacar el problema real y no proveen resultados tangibles.

Por ejemplo, tratándose de importaciones, aquello que detectan las autoridades aduaneras es en realidad un muestreo de lo que realmente transita por las aduanas; además de que dichas autoridades, de naturaleza tributaria, no cuentan con los recursos, capacitación, o siquiera el tiempo para detectar todos aquellos productos falsificados que son importados al país.

Ante la ineficiencia, no es ninguna sorpresa que los afectados prefieran no iniciar acciones legales. En la enorme mayoría de los casos, es mucho más costoso el procedimiento legal, que la pérdida económica para la empresa afectada.

Y además del problema de ineficiencia, está también la ineficacia. ¿Qué pasa en el caso de las empresas, como aquellas de la industria farmacéutica, que tienen necesidades diferentes?; para las que la falsificación es parte de un problema mucho mayor, tal como importaciones paralelas o “mercado gris” de productos originales, su venta indebida (muestras médicas, medicamentos expirados), o la producción y comercialización local de productos falsificados y el riesgo sanitario que ello implica. Ninguna estrategia ante las autoridades aduaneras ataca estos problemas.

Tanto la negativa de los afectados para iniciar acciones, como la inobservancia de las necesidades específicas de los afectados, son focos rojos suficientes para quienes nos dedicamos a la prestación de servicios legales y que vemos en las herramientas digitales un potencial de aplicación efectivo para la protección de derechos.

Es ahí en donde un nuevo esquema de prestación de servicios legales, enfocado en las necesidades específicas del afectado, y apoyado en tecnología legal (Legal Tech), se vuelve una herramienta invaluable para proveer verdaderas soluciones a los problemas que se nos plantean, en la diversidad de manifestaciones en que se nos presentan.

Es una realidad el uso de herramientas basadas en tecnologías como Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data para la protección de derechos, no sólo a nivel local, sino de forma global.

Por ejemplo, con esta tecnología legal podemos desarrollar y “entrenar” un sistema de Brand Protection capaz de identificar las marcas, los diseños e incluso los productos de una empresa, lo que por un lado nos permite conocer, en tiempo real, los canales de comercialización y circulación de esos productos originales, y, por otro lado, la comercialización de productos falsificados en dichos canales, sean sitios web, mercados digitales, plataformas de aplicaciones móviles o redes sociales.

Y más allá de la detección, con este sistema de Brand Protection, podemos eliminar, desindexar o remover ―la mayoría de las veces con un solo clic― esas amenazas; sin necesidad de intervención del Estado; de registros o medidas en aduanas, o de acciones legales administrativas o penales, logrando en segundos lo que tradicionalmente llevaría varios años, a un costo mucho menor, y con beneficios reales y tangibles.

Si a esas herramientas tecnológicas sumamos herramientas tradicionales como esquemas de vigilancia en mercados físicos e investigaciones de campo, los prestadores de servicios legales podemos, como verdaderos aliados estratégicos, otorgar mucho más valor a quien lo necesita.

*Director de Servicios Técnicos y Jurídicos en Clarke, Modet & C° México.

 

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